10 de Octubre de 2007

Ni las empresas quieren desmontar los impuestos parafiscales

 

Las contribuciones equivalen al 9 por ciento de la nómina y desmontarlas quitaría un costo a los empresarios, pero esto no garantiza más empleo.

 

Para diferentes estudiosos, los problemas del empleo y la informalidad laboral comenzarían a resolverse si a los empresarios se les alivia del peso que les representa tener que pagar aportes que encarecen el costo de contratar trabajadores.

 

 

Concretamente, investigadores como Sergio Clavijo, ex codirector del Banco de la República y actual presidente de Anif, y Armando Montenegro, ex director del Departamento Nacional de Planeación (DNP) y quien hoy preside una banca de inversión, han venido proponiendo la eliminación de las contribuciones empresariales, como proporción de la nómina, al Sena, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) y a las cajas de compensación familiar.

 

 

Salomón Kalmanovitz, ex codirector del Emisor y actual decano de Economía de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, señala que dichas contribuciones, además de aumentar injustificadamente el costo del trabajo, castigan el uso del factor que más abunda en Colombia: la mano de obra.

 

 

No obstante, la necesidad de dinamizar la generación de empleo y la productividad de las empresas no es la disculpa para recomendar la eliminación de los aportes, señala el presidente de Asocajas (gremio de las cajas de compensación familiar), Álvaro José Cobo, posición en la que lo acompañan el Gobierno, empezando por el propio presidente Álvaro Uribe, las centrales obreras y los mismos empleadores, por lo menos los que participan en la Comisión de Concertación Salarial y Políticas Laborales (Ccs).

 

 

El razonamiento de quienes propugnan por la eliminación de los parafiscales es sencillo: un empleador lo piensa más de una vez antes de contratar un trabajador con, por ejemplo, el salario mínimo, pues a este debe sumarle los aportes correspondientes a la seguridad social (salud, pensiones y riesgos profesionales), prestaciones (subsidio de transporte, cesantías, intereses sobre éstas, primas de ley y vacaciones) y los infaltables parafiscales (Sena, Icbf y cajas de compensación).

 

 

El sobrecosto, según esas cuentas, supera el 67 por ciento, del cual, 9 puntos se destinan a los parafiscales. La opción del potencial empleador es acudir a formas diferentes de contratación (subcontratación, temporales, cooperativas de trabajo asociado, órdenes de servicio, etc.), algunas de las cuales conducen directamente a la informalidad laboral, que está alrededor del 58 por ciento, y a la desprotección del trabajador en cuanto a seguridad social.

 

 

Las cargas sobre la nómina son exageradas, ha reiterado Sergio Clavijo, refiriéndose a ese sobrecosto del 67 por ciento. Su propuesta, compartida por otros investigadores, es desmontar los parafiscales y que el Estado asuma, vía presupuesto nacional, la financiación del Sena y el Icbf.

 

 

Armando Montenegro afina más la iniciativa y propone reducir los subsidios al capital (exenciones tributarias) y aumentar el IVA en 2,5 puntos, con el fin de obtener los recursos suficientes para financiar el Sena, el Icbf y las actividades de las cajas dirigidas a los más pobres.

 

 

Así, comentan, se estimularía la creación de empleo formal, vale decir, con cobertura en seguridad social y se reducirían los índices de desocupación y subempleo.

 

 

Sin embargo, el asunto no es tan sencillo como aparenta, pues además del rechazo categórico de la tripartita Ccs al desmonte de los parafiscales, se han puesto sobre la mesa otras cuentas y otras consideraciones relacionadas con su impacto negativo en el bienestar de los trabajadores.

 

 

Los aportes a la seguridad social más los parafiscales, según sus contradictores, representan un sobrecosto salarial por encima del 33 por ciento. Cuando se les mira desde otro ángulo, como lo hace el coordinador de Gestión de la Contraloría Delegada para Economía y Finanzas de la Contraloría General de la República, Jorge Espitia, en un artículo publicado en Economía Colombiana, revista de la entidad, en el 2004 dichos aportes no pesaron más del 3,5 por ciento dentro de los costos totales de las empresas.

 

 

La evidencia empírica para justificar la desaparición de esas contribuciones (creación de más y mejores fuentes de empleo) no parece muy clara, señala Espitia, quien tiene una consideración adicional: los polémicos aportes financian bienes públicos y servicios esenciales para los trabajadores y pueden ser tomados parte de su ingreso.

 

 

Cobo y Espitia coinciden en que eliminar esos aportes puede asociarse "a una reducción del ingreso real de los trabajadores", lo cual no resulta compatible con el muy positivo crecimiento de la economía en los años recientes, ni con su sostenibilidad.

 

 

Además, dicen, reemplazar las contribuciones con mayores impuestos y eliminación de las exenciones fiscales no resulta fácil. El presidente Uribe ha repetido que de acogerse esta recomendación se garantiza el marchitamiento de estas entidades. Con el desmonte de los parafiscales "uno les quita un costo a los empresarios, pero no garantiza ni mayor inversión ni mayor creación de puestos de trabajo", concluyó el Presidente en la clausura del XIX Congreso de Asocajas, el pasado viernes.

 

Aportes sumaron 4,5 billones en el 2006

 

Los aportes parafiscales que hicieron el año pasado las empresas al Sena, al Icbf y a las cajas de compensación sumaron alrededor de 4,5 billones de pesos, recursos que este año pueden tener un crecimiento significativo por la entrada en vigencia de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (Pila).

 

 

De esa cifra, el Sena recibió aproximadamente 1 billón de pesos, con los cuales debe atender la formación técnica de 4,6 millones de estudiantes, según las preferencias de estos y, principalmente, de los requerimientos de los empresarios respecto a la capacitación, formación y actualización de la mano de obra (recurso humano, como prefieren llamarla en la entidad).

 

 

El recaudo con destino al Icbf fue de alrededor de 1,5 billones de pesos, que le sirven para ejecutar sus políticas para la atención integral de la niñez, fundamentalmente la desamparada y la de las familias de más bajos ingresos.

 

 

Las cajas de compensación reciben la porción más grande de los parafiscales, algo más de 2 billones de pesos el año pasado, la mayor parte de los cuales se orientan a programas para los trabajadores afiliados y sus familias (incluyendo el pago del subsidio monetario a quienes ganan menos de 4 salarios mínimos, que se acercó a 700.000 millones de pesos).

 

 

El aporte a las cajas de compensación es, quizás, el aspecto que más les 'talla'a los críticos de los parafiscales, pero que recibe del Gobierno, los empresarios y los trabajadores una defensa igual a la que les hacen al Sena y al Icbf, que ven en esas instituciones un mecanismo de redistribución de ingresos a favor de sus afiliados.

AFILIACIÓN A CAJAS

 

A junio pasado, a las cajas de compensación familiar estaban afiliadas 249.073 empresas, de las cuales, el 74,3 por ciento tenía menos de 10 trabajadores, lo que confirma el predominio de los pequeños establecimientos en la economía colombiana.

 

 

A la misma fecha, los trabajadores afiliados llegaron a 5'.081.074, de los cuales, el 73,6 por ciento ganaba un máximo de dos salarios mínimos mensuales (867.400 pesos). Con sus familias, la afiliación ascendía a 12'792.621 personas.

 

 

El trabajador afiliado y los miembros de su grupo familiar tienen derecho a participar en programas educativos, de salud, recreación, vivienda, turismo, etc.